Mario Rodrigo Del Campo y otros cuatro acusados son señalados como líderes de una banda que operaba con complicidad de empleados estatales para cometer estafas a través del sistema judicial. El viernes se realizará la audiencia para resolver su prisión preventiva. –eldiariodecatamarca.com
Este viernes se llevará a cabo la audiencia de control de detención para Mario Rodrigo Del Campo, acusado de liderar una organización delictiva conformada por empleados de distintas instituciones estatales, dedicada a cometer estafas y el delito de asociación ilícita. Donde se resolverá si el principal imputado y los otros presuntos cabecillas continúan detenidos en el Penal de Miraflores.
Junto a Del Campo están detenidos Gastón Darío Agulles, de 40 años, Juan Pablo Collantes de 42, José Wilfer Vega de 48 y la abogada Grisel Gordillo de 41, todos acusados de formar parte del núcleo central de la banda. En tanto, los otros imputados, Dennis Nieva Chayle, Luis Ricardo Bulacio, Héctor Enrique Varela Martínez y Maximiliano Martín Echaverría, recuperaron la libertad bajo caución.
De acuerdo con la investigación, la organización operaba mediante una sofisticada red de contactos en organismos públicos y privados, especialmente en la Dirección de Catastro y el Registro de la Propiedad. Desde allí, accedían a información sobre propiedades y títulos, que eran luego saneados y utilizados fraudulentamente en juicios ejecutivos.
Las víctimas nunca eran notificadas de los procesos iniciados en su contra. Esto era posible gracias a la colaboración de empleados judiciales, quienes manipulaban expedientes, filtraban información y aseguraban tratamientos favorables en causas en los Juzgados Comerciales y de Ejecución. También se direccionaban los remates mediante la designación estratégica de martilleros.
Además, empleados de las Oficinas de Notificación integrantes también de la banda omitían intencionalmente el envío de citaciones, garantizando así que los deudores se enteraran del juicio solo cuando ya habían sufrido el embargo de su sueldo o el secuestro de su vehículo.
Según trascendió, también había efectivos policiales implicados. No solo figuraban como beneficiarios de créditos y acciones, sino que cumplían funciones operativas, seguían a los deudores, tomaban fotografías de sus vehículos y, tras el dictado del embargo, alertaban al martillero para ejecutar el secuestro.
Mientras tanto, siete empleados judiciales fueron suspendidos sin goce de haberes por dos meses, y el tribunal de la Sala de Sumario deberá definir en los próximos días cómo avanzarán los procedimientos administrativos y si se tomarán sanciones más severas.
