Es en el marco de la investigación por maniobras millonarias con el “rulo” del dólar blue de Elías Piccirillo.
La causa que investiga el millonario esquema del "dólar blue" y las complicidades en el Banco Central (BCRA) sumó un nuevo capítulo, ya que dos de los cinco funcionarios imputados, Diego Volcic (inspector jefe) y María Valeria Fernández (supervisora), presentaron pedidos de nulidad contra los allanamientos realizados en sus viviendas, cuestionando la validez de las pruebas que originaron el expediente.
A través de sus defensas, los funcionarios objetaron la legitimidad del testimonio de Carlos "Lobo" Smith, el ex policía que declaró como arrepentido, y la veracidad de los audios que exponen la presunta connivencia estatal. Los planteos serán analizados por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi a partir del próximo lunes, tras el cierre de la feria judicial.
Los abogados de Volcic y Fernández sostienen que el expediente nació de forma irregular. Para ello, cuestionan que Smith no está directamente vinculado a las maniobras financieras, sino al presunto "armado" de una causa por drogas y armas contra el financista Francisco Hauque.
Además, la defensa pone en duda la autenticidad de la grabación donde la inspectora García admite que "había gente arriba entongada". Sostienen que no se ha peritado la integridad del archivo.
Argumentan también que los allanamientos y el secuestro de dispositivos personales fueron medidas desproporcionadas basadas en indicios "débiles".
La trama de las financieras: Piccirillo, Hauque y Migueles
La justicia intenta reconstruir cómo el trío de socios logró perforar el cepo cambiario en 2022 y 2023 para acceder a dólares a precio oficial. La hipótesis principal sugiere que la falta de fiscalización del BCRA no fue una negligencia, sino un servicio "adornado" (según las palabras del arrepentido Smith) por los financistas.__IP__
En los audios que hoy se intentan anular, Piccirillo y García discuten cómo Hauque supuestamente extorsionaba a los funcionarios del Banco Central para que mantuvieran el flujo de divisas, bajo la amenaza de revelar quiénes eran los directivos de la gestión anterior que recibían retornos por estas operaciones.
Mientras se resuelve el destino de los celulares y computadoras secuestrados (clave para probar los nexos políticos), el Banco Central mantiene abiertos los sumarios internos contra los cinco implicados, quienes, a pesar de la gravedad de las acusaciones, continúan formalmente en sus cargos.
