Pero, solo tendría vigencia en los casos de usuarios denominados “vulnerables”.-eldiariodecatamarca.com
Bajo el paraguas de que el servicio eléctrico es un derecho fundamental, el diputado provincial Nicolás Zavaleta presentó un proyecto de ley que apunta a evitar cortes de energía eléctrica en sectores vulnerables, incorporando una evaluación socioeconómica obligatoria antes de suspender el servicio por falta de pago. La iniciativa parte de considerar que el acceso a la energía eléctrica es un servicio esencial vinculado a derechos básicos como la salud, la educación y la seguridad. En ese sentido, advierte que la interrupción del suministro en contextos de crisis económica puede agravar situaciones de exclusión social, especialmente en hogares con niños, adultos mayores o personas con problemas de salud. Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de la categoría de “Usuario Energéticamente Vulnerable”, que alcanzaría a aquellas personas que, por razones socioeconómicas, no pueden afrontar el pago del servicio sin comprometer sus condiciones mínimas de subsistencia. Además, la propuesta establece que , antes de cualquier corte por falta de pago, la empresa prestataria deberá notificar a un organismo competente para que realice un informe socioeconómico del grupo familiar. Durante ese proceso, no podrá suspenderse el suministro eléctrico.
En caso de confirmarse la situación de vulnerabilidad, la empresa deberá garantizar un nivel mínimo de consumo eléctrico indispensable, evitando la interrupción total del servicio.
El proyecto también contempla una serie de herramientas para regularizar la situación de los usuarios, entre ellas:
Planes especiales de pago
Refinanciación de deudas sin intereses punitorios
Acceso automático a tarifa social o subsidios
Suspensión de cargos adicionales
Otro aspecto relevante es la posibilidad de reconexión sin costo o con tarifas reducidas para aquellos usuarios que hayan sufrido un corte y luego sean reconocidos como vulnerables.
En sus fundamentos, Zavaleta también advierte que la falta de acceso regular al servicio puede derivar en la proliferación de conexiones clandestinas, lo que implica riesgos para la seguridad y pérdidas para el sistema eléctrico. Por ello, el proyecto promueve políticas que prioricen la regularización y el acceso formal al servicio.
Finalmente, la iniciativa se apoya en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que protege los derechos de usuarios y consumidores, y propone compatibilizar la sostenibilidad del sistema eléctrico con una mirada social que contemple la realidad económica de los sectores más vulnerables. El proyecto deberá ahora ser analizado en comisiones antes de su posible tratamiento en el recinto.