La Justicia española analiza la denuncia de dos exempleadas del cantante por presuntas agresiones sexuales y condiciones laborales abusivas.
La situación judicial de Julio Iglesias sumó un nuevo capítulo en España. La Fiscalía consideró que la Audiencia Nacional tiene competencia para investigar una querella presentada por dos exempleadas del cantante, quienes lo acusan de presuntas agresiones sexuales y explotación laboral por hechos que habrían ocurrido en 2021 en propiedades del artista en Bahamas y República Dominicana.
El pronunciamiento representa un cambio de criterio respecto de enero, cuando el Ministerio Público había archivado una primera denuncia al considerar que los tribunales españoles no tenían jurisdicción para intervenir. Tras una nueva presentación judicial en septiembre, el juez Antonio Piña solicitó un informe sobre la competencia de la Justicia española y recibió una respuesta favorable a que el caso avance.
De qué acusan a Julio Iglesias sus exempleadas
Las denunciantes, identificadas con los seudónimos Rebeca y Laura para preservar su identidad, trabajaron en las residencias del cantante como empleada doméstica y fisioterapeuta. En sus testimonios describieron presuntas agresiones sexuales, tocamientos sin consentimiento, humillaciones y un entorno laboral marcado por el control y las amenazas.
La querella, impulsada con el respaldo de la organización Women's Link Worldwide, incluye presuntos delitos de trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad sexual, lesiones y vulneraciones de los derechos de los trabajadores. Las acusaciones deberán ser investigadas.
Qué dijo Julio Iglesias sobre las acusaciones
Tras conocerse las denuncias, el artista rechazó categóricamente los señalamientos y aseguró que nunca abusó, coaccionó ni faltó el respeto a ninguna mujer. También manifestó su intención de defender su dignidad frente a lo que calificó como acusaciones falsas.
El juez Antonio Piña deberá evaluar los argumentos de las partes antes de resolver si abre formalmente una investigación. Para ello, dio cinco días a la defensa del cantante y a la representación legal de las denunciantes para que se pronuncien sobre la competencia de la Audiencia Nacional.
