La Justicia puso el foco en una casa de 380 metros cuadrados en un country de Pilar y en otras propiedades, vehículos y fondos que no habrían podido ser explicados con sus ingresos.
El juez federal Julián Ercolini procesó a Roberto Baratta por enriquecimiento ilícito y le impuso un embargo de $1.500 millones tras una investigación de la evolución patrimonial del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal durante el período comprendido entre 2003 y 2015.
El expediente se originó a raíz de la extracción de testimonios de la causa por irregularidades en la compra de gas natural licuado, donde fue condenado a 3 años y medio de prisión. El magistrado Ercolini consideró que existe, “con el grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso, un incremento patrimonial ‘apreciable' que no se corresponde con los ingresos legítimos que pudieron ser comprobados” y ratificó la inhibición general de bienes que pesa sobre Baratta desde 2018.
De acuerdo a la pericia oficial, al confrontar los recursos comprobables con las aplicaciones de fondos detectadas, surgió un desfasaje acumulado de $4.294.425,90, calculado a valores nominales de cada período y sin actualización por inflación.
El juez aclaró que esa cifra no representa el valor actual de un supuesto enriquecimiento. El estudio pericial utilizó los importes de las operaciones tal como fueron realizadas en cada momento. Aun así, para el magistrado, el resultado mostró una diferencia incompatible con las posibilidades de crecimiento patrimonial derivadas de los ingresos legítimos acreditados.
La polémica mansión en Pilar, el rol de los familiares y las pruebas que complicaron al exfuncionario
Uno de los principales puntos analizados fue una propiedad ubicada en el Mapuche Country Club, en Pilar. El terreno fue comprado en septiembre de 2012 por US$70.000 y quedó registrado a nombre de Marta Rosa Girola, madre de Baratta. Posteriormente, se construyó en ese terreno una vivienda familiar de unos 380 metros cuadrados.
La investigación estableció que la obra demandó aproximadamente $3,7 millones de aquella época. El arquitecto Diego Manuel Gómez declaró que Baratta era quien impartía las instrucciones sobre los trabajos y que recibió los pagos directamente del exfuncionario o de su entonces secretario privado, Nelson Lazarte.
La defensa de Baratta reconoció aportes económicos del exfuncionario y de su esposa, Dalina Bielle, a la construcción, pero sostuvo que el inmueble había sido adquirido y financiado principalmente por los padres del exfuncionario. Según esa explicación, los fondos provenían de una indemnización recibida por su padre tras su salida de Edenor, ahorros, un plazo fijo y otros recursos familiares.
Ercolini consideró que las explicaciones no permitieron reconstruir de manera suficiente el recorrido del dinero hasta la compra del terreno y la posterior construcción. También tuvo en cuenta que la documentación de la obra, el uso familiar del inmueble, los gastos del country y otros elementos vinculaban directamente a Baratta con la propiedad.
Dato no menor es que el servicio de cable e internet de la vivienda figuraba a nombre de Oscar Centeno, quien había sido chofer de Baratta. También se valoró una oferta de donación realizada en 2013 por su madre a favor del exfuncionario.
La investigación incluyó un departamento adquirido junto con su entonces esposa Cecilia Vanesa Raspanti, una propiedad en José Hernández 2043/45 comprada junto con Bielle por USD 220.000, unidades ubicadas en Thames 674/76 y distintos vehículos adquiridos durante el período investigado.
También fueron analizados US$25.276 y €27.500 encontrados en el domicilio de Baratta durante un allanamiento, operaciones de compra de moneda extranjera, depósitos a plazo fijo, movimientos de cuentas bancarias, cajas de seguridad y gastos vinculados con viajes, educación, expensas e impuestos.
El rechazo al descargo de la defensa y la resolución definitiva sobre el entorno familiar
Durante su indagatoria, Baratta rechazó las acusaciones y sostuvo que sus bienes podían ser explicados por sus ingresos, los recursos de su esposa y el patrimonio de sus padres. También cuestionó la metodología utilizada por la perito oficial y afirmó que parte de la información económica familiar no había sido considerada correctamente.
Ante el descargo del ex número 2 de Julio De Vido, Ercolini concluyó que no alcanzaban para modificar el cuadro patrimonial reconstruido. Según la resolución a la que tuvo acceso MDZ, la investigación reunió informes bancarios, registros inmobiliarios y automotores, documentación fiscal, información de AFIP y ARBA, informes de la Unidad de Información Financiera, testimonios, documentación notarial, peritajes y registros vinculados con la propiedad de Pilar.
“La existencia de erogaciones que exceden significativamente los recursos comprobables, cuando esa diferencia no encuentra explicación en fuentes lícitas acreditadas, constituye el dato central a valorar”, sostuvo el magistrado al explicar la metodología utilizada para analizar el supuesto enriquecimiento.
Finalmente, el juez Ercolini rechazó nuevas medidas de prueba solicitadas por la defensa de Baratta, le trabó un embargo por $1.500 millones y dispuso mantener la inhibición general de bienes que había sido ordenada en 2018, mientras que sobreseyó por extinción de la acción penal a Dalina Bielle, Marta Rosa Girola y Palmino Baratta.
